Tres gigantes petroleros descartaron operar en Malvinas tras las sanciones del Gobierno
Tres de las principales empresas internacionales de servicios petroleros, SLB, Halliburton y Baker Hughes, comunicaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes. Las decisiones se conocieron después de que el Gobierno de Javier Milei endureciera el régimen de sanciones contra compañías vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago. SLB fue la primera en informar que no participa ni tiene previsto participar en licitaciones relacionadas con esos proyectos, mientras que luego se sumaron Baker Hughes y Halliburton. Ninguna de las tres compañías está vinculada actualmente con el proyecto Sea Lion, que es desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Las empresas fundamentaron sus decisiones en el cumplimiento de la legislación argentina y del Decreto 868/2026.
El nuevo esquema comenzó con el decreto reglamentario que agilizó la aplicación de la Ley 26.659 y amplió el alcance de las sanciones a empresas que participen directa o indirectamente de actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales por la Argentina. El Gobierno informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas, incluidos accionistas y compañías que prestan servicios a los proyectos cuestionados. La medida apunta a impedir que quienes intervengan en esas operaciones puedan desarrollar determinadas actividades en el mercado argentino. El canciller Pablo Quirno explicó que la estrategia alcanza también a proveedores financieros, logísticos, aseguradores, técnicos y de servicios petroleros. “Van a tener que elegir”, afirmó el funcionario al explicar que las compañías deberán optar entre continuar vinculadas con actividades en Malvinas o mantener sus negocios en la Argentina.
Quirno sostuvo que el crecimiento de Vaca Muerta modificó la capacidad de negociación argentina frente a las compañías internacionales. Según explicó, cuando se sancionó la Ley 26.659 no existía el actual desarrollo de los recursos no convencionales en Neuquén, por lo que las empresas no tenían un incentivo equivalente para optar por la Argentina. “Hoy lo que estamos haciendo es generar ese desincentivo”, señaló el canciller, al plantear que las petroleras deberán decidir entre invertir en un territorio que el Gobierno considera ocupado ilegalmente o desarrollar negocios en el país con seguridad jurídica. La advertencia adquiere especial relevancia porque varias de las compañías alcanzadas por el nuevo esquema tienen una presencia significativa en Vaca Muerta. YPF, por su parte, celebró las decisiones de SLB, Halliburton y Baker Hughes y destacó que las tres continúan apostando por el desarrollo energético argentino.
El conflicto principal, sin embargo, continúa concentrado en Sea Lion, el proyecto ubicado en la cuenca norte de Malvinas que está en manos de Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Ambas compañías sostienen que sus licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido, por lo que las medidas argentinas no modificaron hasta ahora sus planes de desarrollo. El Gobierno argentino considera ilegítimas esas licencias y busca evitar que otras empresas internacionales se incorporen a la explotación mediante sanciones y restricciones comerciales. Al mismo tiempo, la Casa Rosada impulsa una modificación de la legislación para profundizar las penalidades y extenderlas a quienes faciliten las operaciones. Así, la estrategia oficial combina presión diplomática, restricciones económicas y el atractivo de Vaca Muerta para intentar desalentar la participación empresarial en la explotación de hidrocarburos de Malvinas.