Paro de prácticos: El comercio exterior quedó paralizado
El comercio exterior argentino amaneció paralizado este lunes tras el cese de actividades por tiempo indeterminado de los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país, los profesionales encargados de guiar a los barcos durante las maniobras de ingreso y salida en ríos, canales y puertos. La medida, en rechazo al Decreto 690/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dejó según el Centro de Navegación (CNAV) al menos 140 buques a la espera de confirmación del servicio, una cifra que otras fuentes del sector elevaron hasta 150 embarcaciones a medida que avanzaba la protesta.
El decreto reemplaza un régimen vigente desde 1991 y busca desregular el servicio de practicaje: crea un registro abierto administrado por la Prefectura Naval, permite la contratación libre de prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación fije tarifas máximas, además de eliminar la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido. “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo Sturzenegger al anunciar la medida, que el Gobierno enmarca en su estrategia de reducción del “costo argentino”.
El impacto del boicot fue inmediato: toda la carga de granos, combustibles y otras mercaderías quedó detenida en los puertos, con especial gravedad en Rosario, por donde circula el 80% de las exportaciones de granos del país. Entre las operaciones suspendidas figura la del buque de transporte pesado White Marlin, clave para tareas del proyecto Vaca Muerta Oil Sur —el oleoducto que integran YPF, PAE, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol—, que quedó fondeado fuera del puerto sin poder iniciar el tendido de infraestructura submarina. El CNAV, que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior, denunció además que varias operaciones ya fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil, con pérdida de transbordos y “pérdidas millonarias en divisas” por incumplimiento de contratos.
Frente a la escalada, la Prefectura Naval Argentina intimó individualmente a más de 500 profesionales —536 según una de las cifras difundidas— para que retomen de inmediato la prestación del servicio, argumentando que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación cuya interrupción puede derivar en denuncias penales y sumarios administrativos. Desde el sector afectado responden que el decreto pone en riesgo la seguridad de la navegación y reclaman la apertura de una mesa de diálogo entre el Gobierno, los prácticos, los usuarios y las agencias marítimas, algo que hasta el momento no se concretó. El conflicto se da además en un contexto económico sensible: el mismo lunes se conoció que la liquidación de divisas del agro cayó 28% interanual en julio, hasta los USD 2.918 millones, lo que profundiza la preocupación oficial por el ingreso de dólares genuinos en momentos en que el Gobierno también negocia la reforma de la Ley de Tierras en el Senado.