La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Justicia Federal declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 con la que el Gobierno había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo ponerla en vigencia de manera inmediata. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, tras hacer lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, además de una demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado dispuso que el Ejecutivo dicte las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con la Ley 27.795.
El conflicto se originó después de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario y rechazara posteriormente el veto presidencial. Al promulgar la norma, el Gobierno incorporó al Decreto 759/2025 una cláusula que supeditaba su ejecución a la definición de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto. Cormick consideró que esa condición no podía utilizarse para suspender una ley que había sido ratificada por el Congreso y cuestionó que el Ejecutivo pudiera frenar de esa manera su aplicación.
La sentencia se suma a una serie de decisiones judiciales que durante 2026 habían exigido al Gobierno avanzar con distintos puntos de la ley. En diciembre de 2025, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar para que se cumplieran los artículos 5 y 6, vinculados principalmente con la actualización salarial de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. La Cámara Federal confirmó esa medida y, en junio de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso del Ejecutivo, dejando firme la cautelar mientras continuaba la discusión sobre el fondo de la cuestión. En septiembre, Cormick volvió a intimar al Gobierno a cumplir con esas disposiciones.
El Gobierno anunció que apelará la nueva sentencia, por lo que el conflicto continuará en instancias superiores. Mientras tanto, la resolución ordena la aplicación inmediata de la Ley 27.795 y alcanza al conjunto de la normativa, que contempla medidas sobre salarios, becas, gastos de funcionamiento, investigación, equipamiento y otros programas vinculados con las universidades nacionales. El fallo vuelve a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro de la disputa entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y las instituciones universitarias.