La Justicia intimó al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 intimó al Gobierno de Javier Milei a cumplir con la medida cautelar vigente vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó un plazo de cinco días. La resolución, firmada por el juez Martín Cormick, advierte que, si persiste el incumplimiento, podrán aplicarse multas económicas por cada día de demora. La decisión alcanza los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente y a la recomposición de becas y programas destinados a estudiantes.
El magistrado sostuvo que no existe un cumplimiento total de la cautelar que ya se encuentra firme y ordenó al Poder Ejecutivo que haga efectivo lo dispuesto dentro del plazo establecido. La medida responde a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el marco de una disputa que comenzó con los reclamos de las universidades por la aplicación integral de la ley. El Gobierno había solicitado que se levantara la cautelar y argumentó que los acuerdos alcanzados durante el año habían permitido avanzar en el cumplimiento de la normativa, pero el pedido fue rechazado por Cormick.
El conflicto también se profundizó durante septiembre por la falta de acuerdo en las negociaciones salariales. Los sindicatos universitarios rechazaron la última propuesta oficial, que contemplaba aumentos del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, y mantienen el reclamo por la recomposición de los ingresos. Las organizaciones docentes y no docentes sostienen que existe una pérdida salarial acumulada y reclaman además mayores recursos para el funcionamiento de las universidades y la actualización de las becas estudiantiles.
La intimación judicial suma presión sobre el Gobierno mientras continúa el conflicto con las universidades nacionales. Los gremios mantienen medidas de fuerza escalonadas y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, mientras el Ejecutivo deberá responder al requerimiento del juez dentro de los cinco días establecidos. En caso de no cumplir, la Justicia advirtió que podrá imponer astreintes, es decir, sanciones económicas por cada jornada de incumplimiento.