La Corte Suprema dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras y habilita la compra de campos por extranjeros
La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. La decisión, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó vigente la derogación de la norma que establecía límites a la titularidad extranjera sobre tierras rurales. El máximo tribunal fundamentó su resolución en la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había iniciado la acción judicial.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establecía que las tierras rurales en manos de extranjeros no podían superar el 15% del territorio nacional y contemplaba además límites por nacionalidad y por titular. El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó esas restricciones. La Corte aclaró expresamente que su sentencia no implica pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo del decreto, sino que se limita a considerar que no estaban dadas las condiciones procesales para analizar la demanda presentada por el CECIM.
El fallo tiene efectos prácticos sobre el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Durante 2026, el Gobierno había intentado avanzar nuevamente por vía legislativa con una modificación de las restricciones, pero retiró ese capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ante la falta de apoyo político. La decisión de la Corte vuelve a colocar la derogación establecida por el DNU en el centro de la discusión sobre propiedad rural, inversiones y soberanía territorial.
El fallo también reabre el debate sobre el alcance de la propiedad extranjera de recursos considerados estratégicos. Según datos citados por El País, más de 13,3 millones de hectáreas rurales ya se encuentran en manos extranjeras y durante la gestión de Milei se autorizaron 111 operaciones de compra de tierras por extranjeros. Mientras el Gobierno sostiene que eliminar las restricciones puede facilitar la llegada de inversiones, sus críticos advierten sobre las consecuencias para el control nacional de tierras ubicadas en zonas de frontera o vinculadas con recursos naturales. La discusión ahora queda atravesada por el alcance del DNU y por la posibilidad de nuevos planteos judiciales o legislativos.