Diputados aprobó la Ley de Propiedad Privada con cambios y vuelve al Senado
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en una sesión maratónica, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que llegaba con media sanción del Senado. La votación terminó con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, entre ellas las de diputados cordobeses, que resultaron decisivas para el oficialismo. Votaron a favor La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, MID, Producción y Trabajo, y sectores de Provincias Unidas y de Argentina Federal, mientras que Unión por la Patria, la izquierda y legisladores provinciales lo rechazaron.
Para conseguir esos números, La Libertad Avanza tuvo que aceptar la reincorporación íntegra de la Ley de Tierras Rurales (26.737), que limita la compra de campos por parte de extranjeros y que el Gobierno había intentado derogar. Esa norma había sido eliminada por el DNU 70/2023, pero estaba suspendida por la Justicia desde marzo de 2024. La Corte Suprema revocó ese fallo y restituyó el decreto, aunque una semana después otra causa volvió a suspender su aplicación. Como la Cámara baja modificó el texto, el proyecto regresa al Senado, que deberá decidir si acepta los cambios o insiste con su versión original.
El texto aprobado endurece los requisitos para las expropiaciones: exige una declaración de utilidad pública, el pago previo de una indemnización a valor de mercado y fija un tope del 30% para el lucro cesante cuando esté acreditado. También acelera los desalojos mediante juicios sumarísimos: en los casos de mora, el propietario debe intimar el pago con un plazo mínimo de diez días corridos, y luego puede iniciar una acción que se tramita en diez días hábiles. Cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez debe dar intervención a organismos de protección y buscar una alternativa habitacional transitoria de hasta diez días. La Cámara también aprobó un proyecto que prevé hasta ocho años de prisión para el vandalismo rural y otro para rastrear medicamentos y acelerar las alertas tras el caso del fentanilo contaminado.
La sesión dejó además varias derrotas para la oposición, cuyos pedidos de tratamiento sobre tablas no alcanzaron la mayoría necesaria. Quedaron afuera la prórroga de la emergencia pediátrica, la restitución del Programa Remediar, un paquete de ayuda a las pymes, la modificación de la Ley de Administración Financiera por el conflicto universitario, el presupuesto para ciencia y la Ley Segovia sobre prescripción de delitos sexuales contra menores. El temario siguió con dos expedientes sensibles. El oficialismo impulsa una ley de discapacidad permanente que reemplaza la emergencia, mantiene la compatibilidad de la pensión con el trabajo registrado hasta dos salarios mínimos y fija un plazo de 30 días para reglamentar un cronograma de pago a prestadores, mientras la oposición pide prorrogar la emergencia hasta fines de 2027. Sobre el endeudamiento familiar, el dictamen de mayoría oficialista apunta a mejorar la información al usuario y permitir la precancelación de deudas, sin fijar tasas máximas ni planes de refinanciación, y la oposición propone declarar una emergencia por 180 días, con refinanciación en al menos 12 cuotas y condonación de los intereses punitorios.