CTERA lo lleva adelante paro docente nacional
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó este lunes un paro nacional de 24 horas, en el primer conflicto docente desde que entró en vigencia la reforma laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial. La medida coincide con el regreso a clases tras el receso invernal en gran parte del país y generó un fuerte despliegue de controles por parte del Gobierno nacional, que ordenó inspeccionar durante toda la jornada la actividad en los colegios estatales para verificar el cumplimiento de la cobertura mínima exigida por ley.
El reclamo del gremio apunta a dos ejes centrales: el rechazo del Poder Ejecutivo a convocar la Paritaria Nacional Docente y el estancamiento salarial, que según CTERA dejó el sueldo mínimo de un profesional del sector en 500 mil pesos. El sindicato exige además la reactivación del FONID, el fondo con el que el Estado nacional otorgaba un incentivo mensual a maestros y profesores, eliminado en 2024. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, respondió que la definición salarial es competencia exclusiva de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de empleadores directos de los docentes desde 1992, y acusó al gremio de judicializar la reforma para “generar un conflicto innecesario” que traba el diálogo institucional.
El artículo 24 de la ley 27.802, aprobada por el Congreso a comienzos de este año, obliga a garantizar una cobertura del 75% en los servicios calificados como esenciales, entre ellos la educación de nivel inicial, primario, secundario y especial. Aunque la Unión Docentes Argentinos judicializó ese punto y logró en primera instancia que un juzgado laboral suspendiera la esencialidad, el Estado apeló el fallo y consiguió que la norma siga plenamente vigente mientras se resuelve la cuestión de fondo. En ese marco, Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación el domingo previo al paro, donde el secretario nacional Carlos Torrendell ratificó ante los ministros provinciales que se exigirá el acatamiento pleno de la reforma.
Fuentes del Gobierno adelantaron que, en caso de detectar incumplimientos, se iniciará un proceso sancionador contra el gremio que comenzaría con una multa, en un procedimiento que calificaron como “extenso”. Como antecedente, en Capital Humano recordaron el caso del sindicato La Fraternidad, sancionado con más de $21.000 millones por desacatar una conciliación obligatoria durante un paro de la CGT. Pese a la amenaza de sanciones, en la jornada del lunes se registró un acatamiento dispar según la jurisdicción: mientras en varias provincias la adhesión fue amplia, en distritos como la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires las escuelas permanecieron abiertas, con directivos instruidos para reportar información a los inspectores enviados por Nación.