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Cristina Kirchner llevará su condena por la causa Vialidad a la ONU

Cristina Kirchner publicó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales, entre ellos El País de España y Libération de Francia, en la que defendió su inocencia y cuestionó la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos. En paralelo, su equipo legal formalizó en una conferencia de prensa en un hotel del microcentro porteño la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, sosteniendo que el proceso judicial que derivó en su condena violó garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por la Argentina.

En su columna, la expresidenta calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y advirtió que ese mecanismo representa una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de la actualidad, ya que, sin necesidad de rupturas institucionales visibles, las decisiones judiciales terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política. También sostuvo que el proceso judicial en su contra estuvo marcado por arbitrariedades incompatibles con el debido proceso y por un clima de hostilidad que, según ella, refleja el machismo estructural aún presente en sectores de la Justicia argentina.

Para esta etapa internacional, la defensa sumó a dos juristas extranjeros: el brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes participaron junto al abogado Alberto Beraldi de la conferencia de prensa. La incorporación de Valim se da en medio de la tensión diplomática abierta entre los gobiernos de Javier Milei y Lula da Silva, luego de los insultos del mandatario argentino contra su par brasileño.

Kirchner fue condenada por el Tribunal Oral Federal N°2 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa, y el 2 de julio de este año el máximo tribunal también confirmó un decomiso de $684.990 millones contra la expresidenta, el empresario Lázaro Báez y otros condenados. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 18 expertos independientes, no emite fallos vinculantes sino recomendaciones, y deberá primero examinar la admisibilidad del reclamo antes de requerir información al Estado argentino.