Causa Vialidad: la defensa de Cristina Kirchner presentó nuevas pruebas y busca revisar la condena
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron un nuevo informe con el que buscan cuestionar la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad. El equipo integrado por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego sostuvo que una nueva base de datos sobre la distribución de fondos de la Dirección Nacional de Vialidad muestra que las empresas de Lázaro Báez recibieron el 0,85% de los recursos administrados a través del fideicomiso creado por el Decreto 54/2009, unos US$18,6 millones. La defensa considera que ese dato contradice uno de los fundamentos utilizados para establecer que la norma había sido destinada a beneficiar al empresario.
Según explicaron los abogados, la información surgió a partir de la declaración de un técnico de Vialidad en el juicio conocido como Cuadernos y fue posteriormente analizada en un informe técnico. De acuerdo con ese estudio, entre 2009 y 2015 el principal destinatario de los fondos fue IECSA, empresa que en ese período pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. La defensa sostiene que el dato demuestra que Báez tuvo una participación marginal en el destino de esos recursos y que, por ese motivo, debe revisarse la interpretación realizada durante el juicio.
La presentación forma parte de la estrategia que los defensores llevan adelante ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde ya habían cuestionado el proceso judicial y las consecuencias de la condena. Los abogados anunciaron además que utilizarán el nuevo material para impulsar un recurso de revisión ante la Justicia argentina, con el objetivo de suspender los efectos de la sentencia, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa sostiene que la nueva evidencia no pudo ser incorporada oportunamente al debate oral y que permitiría discutir aspectos centrales del fallo.
La condena contra Kirchner fue dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2 por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y posteriormente confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa busca ahora que el nuevo material sea considerado en una instancia de revisión, mientras que desde sectores vinculados al expediente cuestionaron la interpretación de los datos y señalaron que el juicio se concentró en las obras realizadas en Santa Cruz, donde las empresas de Báez tuvieron una participación mayoritaria. El planteo deberá atravesar las instancias judiciales correspondientes antes de que pueda modificarse una condena que se encuentra firme.