Caputo pidió una ley para “castigar” a los periodistas y Milei lo respaldó con insultos
El ministro de Economía, Luis Caputo, reclamó este martes una ley para que la Justicia “castigue” a los periodistas que, según su criterio, publican información “sin ningún tipo de sustento”. El pedido surgió como respuesta a un mensaje del periodista Beto Valdez en la red social X, que vinculaba al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el traspaso del control de los surtidores de combustible desde el INTI hacia un empresario cercano a Caputo: el Grupo Lenor, de Julio Made, que habría resultado favorecido por una desregulación reciente del Gobierno.
Caputo negó de plano cualquier vínculo con el empresario señalado: “Nunca en mi vida escuché hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”, escribió en su cuenta de X. Y agregó, en el tramo más resonante de su descargo: “La Justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”. Minutos antes, el ministro ya había cuestionado una nota de La Nación titulada “Recrudece el ataque al periodismo: más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas”, a la que respondió: “El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo. Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias”.
El reclamo de Caputo contó con el respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien acompañó el pedido de su ministro con los insultos que suele dirigir hacia la prensa, calificando a periodistas como “mierdas humanas mentirosas”. El episodio se suma a una larga serie de ataques del oficialismo hacia trabajadores de prensa desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, en un vínculo con los medios marcado por la confrontación permanente y las descalificaciones directas por parte del propio mandatario y de sus funcionarios.
El pedido de una ley más dura contra los periodistas choca, sin embargo, con el marco legal vigente: en 2009 el Congreso argentino aprobó una reforma que eliminó las penas de prisión por calumnias e injurias contra periodistas, dejando esas demandas circunscriptas exclusivamente a la vía civil, en línea con estándares internacionales de protección a la libertad de prensa. El planteo de Caputo, que no fue acompañado hasta el momento por ningún proyecto legislativo concreto, reavivó el debate sobre los límites entre la crítica periodística y la eventual regulación estatal de los contenidos de prensa, en un contexto en el que el propio Gobierno enfrenta cuestionamientos por presuntos conflictos de interés en distintas áreas de la gestión.