Avanza una demanda civil millonaria contra Milei por el caso $LIBRA
Los ahorristas damnificados por el criptoactivo $LIBRA iniciarán una demanda civil por daños y perjuicios contra el presidente Javier Milei y otros imputados en la causa penal, luego de que la mediación obligatoria con los abogados de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy no arrojara ningún acuerdo. Según trascendió, unos 30 inversores representados por el abogado Nicolás Oszust reclamarán una cifra millonaria, todavía sin definir con exactitud, por una maniobra que habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares mediante un número reducido de billeteras digitales.
En paralelo, una investigación periodística reveló nuevos detalles sobre el circuito financiero que rodeó el lanzamiento del token. El empresario Hayden Davis, creador de $LIBRA, transfirió más de USD 5 millones días después de una reunión con Milei: un primer giro de USD 1.015.000 a Orlando Mellino, un jubilado de 78 años, y otros USD 4 millones a un trader colombiano, Camilo Rodríguez Blanco. Ambos beneficiarios están vinculados a una financiera de Vicente López asociada a Diego Mellino, Eric Feldsztejn y Darío Rozental, con Mauricio Novelli como nexo entre esa estructura y el Presidente. Del teléfono de Novelli, la Justicia recuperó una nota que detalla un presunto acuerdo por USD 5 millones a cambio del respaldo presidencial al proyecto, y un audio en el que se menciona la entrega de USD 2.000 a “la secretaria de Milei”, cifras y fechas que, según la investigación, coinciden con las transferencias bajo la lupa judicial.
El expediente penal se originó tras el lanzamiento del criptoactivo el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de X un mensaje con un contrato para adquirirlo, bajo el argumento de incentivar emprendimientos locales. Antes de la feria judicial, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi había dispuesto el congelamiento de las billeteras de criptoactivos investigadas, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, con el objetivo de determinar su titularidad. Sin embargo, ni Orlando Mellino ni Camilo Rodríguez Blanco, señalados como receptores directos de los fondos, fueron citados a declarar hasta el momento.
La causa atraviesa además una instancia judicial clave: la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, convocó para el 10 de agosto a una audiencia en la que los querellantes apartados del expediente —representados también por Oszust junto a Juan Grabois— insistirán en ser reincorporados a la causa. Para los damnificados, quedar afuera equivaldría a dejar la investigación en manos exclusivas del fiscal Taiano, cuya labor cuestionan. El trasfondo político de esa definición no es menor: la composición del tribunal está en proceso de recambio, con el pliego de Bertuzzi ya enviado por Milei al Senado para su confirmación definitiva, mientras Bruglia presentó un reclamo ante la CIDH para mantenerse en el cargo.