Adorni presentó su justificación patrimonial y apeló a la venta de bitcoins para explicar el origen de sus fondos
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia el escrito con el que buscó justificar la evolución de su patrimonio, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación, de 78 carillas, llegó al filo del vencimiento de la prórroga de 15 días hábiles que había concedido el juez federal Ariel Lijo, y fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, quien sostuvo que la evolución patrimonial de su cliente entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 “encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”.
El fiscal Gerardo Pollicita había detectado, a partir de cruzar los ingresos del grupo familiar ($229,7 millones) con sus egresos ($272,8 millones y USD 402.578), un déficit sin justificar de $43.068.549. La defensa de Adorni calificó ese monto como una “brecha residual”, al representar apenas el 15,8% de los gastos totales y el 18,7% de los ingresos legítimos del matrimonio, y lo atribuyó a un margen de imprecisión técnico. El eje central de las explicaciones giró en torno a operaciones con bitcoin: según el escrito, entre 2017 y 2018 Adorni liquidó de forma progresiva ocho direcciones de la criptomoneda, con operaciones presenciales y en efectivo entre particulares, que le generaron USD 591.544,61. El capital inicial para esas inversiones, sostuvo, se había reunido entre 2014 y 2017 con ahorros del matrimonio junto a su esposa, Bettina Angeletti, y fondos de una herencia familiar. En uno de los puntos más llamativos del descargo, la defensa afirmó que tras liquidar las criptomonedas, la pareja “optó deliberadamente por vivir como si no lo tuviera”, priorizando el ahorro sobre cualquier cambio en su nivel de consumo, con la mira puesta en la educación de sus hijos y su propia jubilación.
Entre los otros puntos abordados, Adorni explicó que el lote 380 del Country Indio Cuá, valuado en USD 120.000, se financió con un mutuo hipotecario de USD 100.000 sobre un departamento de la calle Asamblea, mientras que el resto se pagó en efectivo con fondos de Angeletti. Respecto de la remodelación de esa propiedad, su abogado negó que se hayan pagado los USD 245.000 que había mencionado el contratista Matías Tabar, y presentó una pericia propia que redujo esa cifra a USD 175.000. También justificó la compra del departamento de la calle Miró 550, en Caballito, con un desembolso de USD 30.000 en efectivo proveniente de los ahorros del matrimonio, y explicó que $73 millones incorporados a su patrimonio correspondieron a la venta de un departamento heredado en La Plata. Sobre la adquisición de una camioneta Jeep Compass, sostuvo que se realizó mediante una permuta con un Renault Captur y pagos bancarizados, sin entrega de efectivo por el monto total.
El escrito abordó además los préstamos informales que Adorni había recibido de su madre, Silvia País, y de Norma Zuccolo —una de las llamadas “jubiladas prestamistas”—, que su defensa encuadró como acuerdos privados sin necesidad de instrumento público por la relación de confianza entre las partes. También se refirió a extensiones de tarjetas de crédito utilizadas por su madre y por la esposa de su hermano Francisco Adorni, y a gestiones de compras realizadas por empleados de la Casa Rosada, como la asistente Gisela Kocsis, que según el escrito eran reembolsados en efectivo por el propio funcionario. Por último, la defensa aclaró que dos deudas con el Banco Galicia por un total de más de $10 millones, que Pollicita había señalado como parte de las inconsistencias, en realidad eran inexistentes y se originaron en un error de tipeo en la declaración jurada inicial presentada en diciembre de 2023, ya corregido en presentaciones posteriores. Ahora será el juez Lijo quien deba evaluar si las explicaciones aportadas alcanzan para disipar las dudas planteadas por la fiscalía o si corresponde avanzar con una citación a indagatoria.