Paro total de subtes en la Ciudad tras la detención de metrodelegados
Las seis líneas del subte porteño y el Premetro quedaron interrumpidas este martes por una medida de fuerza sorpresiva de los metrodelegados, que comenzó alrededor de las 10 y afectó a miles de pasajeros. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) condicionó la reanudación del servicio a la liberación de los dirigentes detenidos horas antes por la Policía de la Ciudad, y el paro se prolongó hasta que se normalizó el funcionamiento en toda la red.
El conflicto se originó en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, donde los trabajadores realizaban una protesta que incluyó la apertura de molinetes y de una puerta de emergencia para permitir el paso sin pagar boleto. El reclamo estaba vinculado a una sanción aplicada a otro empleado de la concesionaria Emova y a la presencia de empresas tercerizadas en tareas de mantenimiento que, según el gremio, corresponden al personal del subte. A partir de una denuncia intervino la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño, que ordenó la detención de los gremialistas, entre ellos Claudio Dellecarbonara, referente de la línea B, por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad. El secretario general del gremio, Néstor Segovia, fue liberado y advirtió que se terminaba la “paz social” si la empresa no retrocedía, aclarando que su enojo apuntaba a Emova y no al Gobierno de la Ciudad. También reclamó que se eliminen las tercerizaciones y las suspensiones, y denunció descuentos salariales mensuales a los empleados de la línea A.
La reacción política fue inmediata. Desde España, donde realiza una visita oficial, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó las detenciones, sostuvo que “el que bloquea un servicio esencial va preso” y rechazó lo que calificó de extorsiones, mientras la Ciudad intimó a los metrodelegados a garantizar un servicio mínimo, por considerar esencial el transporte subterráneo. La CGT repudió los arrestos como arbitrarios e injustificados, advirtió que se criminaliza la protesta y recordó que el derecho de huelga está amparado por el artículo 14 bis de la Constitución y por convenios de la OIT, al tiempo que responsabilizó a Emova y al Gobierno porteño por la escalada.
Con el servicio normalizado, el conflicto no se dio por cerrado: la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CGT y la CTA declararon el estado de alerta y amenazaron con profundizar el plan de lucha si se repiten las detenciones de representantes sindicales. El episodio expone la tensión entre el Gobierno de la Ciudad y el gremio por las condiciones laborales y la tercerización, en un servicio que el Ejecutivo porteño define como esencial y que el sindicato sostiene que no permitirá que se avance contra su organización.