La cifra de “terroristas deportados” que dio Milei no coincide con los datos oficiales

El presidente Javier Milei afirmó este domingo en una entrevista con LN+ que, solo este año, su gobierno “deportó 20.000 terroristas”, una cifra que sumó a otros “10.000 echados el año pasado”, totalizando 30.000 personas en dos años. El mandatario los describió como “gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”. Sin embargo, las estadísticas oficiales del propio Ministerio de Seguridad no respaldan esa caracterización: no existe en los registros oficiales una categoría de “terroristas” entre las personas expulsadas o rechazadas en la frontera.

Según los datos del Ministerio, desde diciembre pasado hasta agosto de 2026 se registraron 744 “expulsiones” efectivas y 18.947 “incidentes de entrada”, es decir, casos en los que se impidió el ingreso al país por motivos legales o administrativos. De ese total, 8.008 correspondieron a “infracciones migratorias” (categoría que el Gobierno define como “falso turista, flagrancia, alertas”), 6.298 fueron personas que intentaron ingresar sin documentación habilitante, 4.566 quedaron encuadradas como “impedimentos judiciales” —capturas o condenas—, 42 por residencia cancelada y 33 por documentación falsa o adulterada. Una alta fuente oficial consultada por La Nación explicó que “la gran mayoría eran inmigrantes que no contaban con documentación y fueron invitados a retirarse”. Apenas diez días antes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había presentado en el Aeroparque Metropolitano los resultados de los controles migratorios, remarcando que “el que tiene antecedentes, documentación irregular o no cumple con los requisitos para entrar, no entra. Y el extranjero que delinque y tiene una orden de expulsión, se va”, sin mencionar en ningún momento la palabra “terroristas”.

La versión presidencial también contrasta con lo declarado un mes atrás por el jefe de la SIDE, Cristian Aguadra, ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia del Congreso: según fuentes que participaron de ese encuentro, el funcionario negó que se hubiera registrado alguna amenaza terrorista concreta sobre el país. En esa misma reunión sí se abordó una presunta amenaza de muerte de la organización Hezbollah —financiada por Irán y responsable, según la Justicia argentina, de los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994— contra tres personas, entre ellas Diego Kravetz, número dos de la SIDE. En la misma entrevista, Milei había hecho referencia a supuestas amenazas contra su propia persona, que según su versión motivaron la “militarización” de la quinta de Olivos, con el traslado de 15 empleados civiles y el control de la residencia presidencial a cargo de la Casa Militar. “Tengo algunos enemigos pesados en el mundo (…) los de acá son de vigésimo quinto orden”, sostuvo el mandatario, mientras que desde el Gobierno se afirmó, sin dar más precisiones, que en las últimas semanas Milei recibió una “amenaza de muerte” telefónica.

Frente a la discrepancia entre el discurso presidencial y las estadísticas oficiales, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, presentó un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes formal ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones. “El Presidente habló de 30.000 personas deportadas y las calificó de terroristas. Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026. Una afirmación de esta gravedad exige saber cuántas fueron efectivamente expulsadas, cuántas de ellas lo fueron por causales de terrorismo (art. 29, Ley 25.871), cuántas tienen imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet)”, planteó el legislador, quien además solicitó que el Gobierno informe si existen registros concretos de extranjeros ingresados al país para “dinamitar el modelo argentino”, como sostuvo Milei, y qué denuncias se radicaron al respecto.