El Presupuesto 2027 propone un recorte de fondo en el sistema de discapacidad
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso incluye una reforma de fondo al sistema de prestaciones para personas con discapacidad, que la oposición calificó de regresiva apenas se conoció el articulado completo. En el Capítulo VI de la iniciativa, los artículos 36 a 41 sustituyen o derogan puntos centrales de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y modifican de manera permanente la Ley 13.478, que regula las pensiones no contributivas por invalidez laboral, y la Ley 24.901, que desde 1997 rige el sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad.
El cambio central apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas, que según el propio texto del proyecto “no incluirá valores universales”. Esto implica eliminar el criterio de arancel único que hoy deben pagar por igual obras sociales, prepagas y el Estado, y reemplazarlo por un “piso mínimo prestacional común” definido por estándares de calidad más laxos, lo que habilitaría a cada financiador a fijar sus propios valores. También se propone volver al esquema de “invalidez laboral”: el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaría de garantizar el acceso automático a la pensión no contributiva, que además sería incompatible con cualquier vínculo laboral formal o inscripción en el monotributo, incluso hasta dos salarios mínimos. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó que se elimine “el criterio de arancel único para todo el sistema” y lo reemplace por “un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, mientras el diputado de Unión por la Patria Juan Marino calificó la maniobra de “ilegal e inconstitucional” y advirtió sobre el riesgo de que los grandes financiadores presionen a la baja los aranceles.
La revelación de estos artículos generó además una nueva tensión dentro del propio oficialismo: la senadora Patricia Bullrich salió a cuestionar públicamente a la Casa Rosada por la inclusión de las modificaciones, y remarcó que “el tema no salió a la luz en la Mesa Política”, en una nueva señal de descoordinación interna sobre un asunto especialmente sensible para la opinión pública, luego de los cuestionamientos que el propio Gobierno ya había enfrentado meses atrás por otros recortes al sector.
El debate llega en un momento de particular exposición legislativa para la cuestión: la Cámara de Diputados tenía previsto retomar la discusión sobre los proyectos para prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, luego de que un cronograma para tratar el tema fuera aprobado con 249 votos en la última sesión. Entre los puntos que preocupan a la oposición figuran la paralización en el otorgamiento de nuevas pensiones no contributivas, el atraso en los pagos, el congelamiento de aranceles y el cierre de centros de día. El diputado santafesino Esteban Paulón remarcó que el proyecto del Presupuesto llegó apenas después de que el propio oficialismo, junto a aliados, impulsara una iniciativa distinta para tratar la emergencia del sector, y sintetizó el cambio como “regresivo” porque, a su entender, “supone la desaparición de las prestaciones universales”.