Régimen penal juvenil: una jueza suspendió su aplicación en Buenos Aires y LLA avanza con un juicio político
La jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, Mariel Alejandra Suárez, suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires al considerar que el sistema no cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar su funcionamiento. La magistrada sostuvo que la normativa establece nuevas obligaciones para el Estado provincial sin que existan suficientes establecimientos, personal especializado y dispositivos adecuados para alojar y asistir a los menores alcanzados por el nuevo esquema. Frente a las críticas recibidas, defendió su resolución y afirmó que con las condiciones actuales “no vamos a crear más seguridad” si se aplica la ley sin contar con los recursos necesarios.
El fallo generó una fuerte reacción de La Libertad Avanza, que cuestionó la decisión judicial y anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada. Desde el oficialismo nacional consideraron que la suspensión obstaculiza la puesta en marcha de una reforma que busca establecer nuevas reglas frente a los delitos cometidos por menores. La decisión también profundizó el enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense, en un tema que combina seguridad, Justicia y las responsabilidades de cada jurisdicción. La discusión quedó así atravesada por dos posiciones: la necesidad de implementar el nuevo régimen y la advertencia judicial sobre la falta de condiciones materiales para hacerlo.
Suárez explicó que la decisión no cuestiona la existencia del régimen penal juvenil ni pretende impedir que se investiguen los delitos cometidos por menores, sino que apunta a evitar que una norma sea aplicada sin contar con los mecanismos necesarios. Según argumentó, la provincia no tiene actualmente la capacidad suficiente para afrontar el nuevo escenario que establece la legislación. Entre las dificultades señaladas aparecen la falta de establecimientos específicos, recursos humanos y dispositivos para cumplir con las medidas que contempla el régimen. La jueza planteó que una reforma penal no puede limitarse a modificar las normas, sino que debe estar acompañada por las condiciones materiales que permitan cumplirlas. En ese sentido, sostuvo que una mayor cantidad de detenciones, sin infraestructura adecuada, no se traduce automáticamente en una mejora de la seguridad.
La suspensión abrió además una discusión sobre la situación de las cárceles y los centros de alojamiento bonaerenses. La implementación del nuevo régimen exige ampliar la capacidad del sistema y disponer de espacios diferenciados para adolescentes y jóvenes sometidos a procesos penales. La decisión judicial puso el foco en un déficit de infraestructura que, según las distintas coberturas, excede la discusión puntual sobre la reforma y se relaciona con las dificultades que enfrenta la provincia para alojar a personas privadas de su libertad. Mientras el oficialismo busca revertir el freno judicial y avanzar contra la jueza, la magistrada sostiene que su resolución responde a una cuestión concreta de funcionamiento. El conflicto continuará ahora en dos ámbitos: el judicial, donde deberá revisarse la suspensión, y el político, donde La Libertad Avanza buscará avanzar con el juicio político anunciado.