El oficialismo cede y propone elevar al 25% el límite de tierras para extranjeros
Con la sesión del Senado prevista para el jueves 6 de agosto en riesgo de fracasar, el oficialismo decidió dar marcha atrás con uno de los puntos centrales del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según un nuevo borrador que comenzó a circular entre los bloques libertarios y aliados, en lugar de eliminar por completo el límite vigente desde 2011 a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros —hoy fijado en 15% del territorio de cada provincia—, el texto elevaría ese tope al 25%. La negociación, encabezada por la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, implica un fuerte retroceso respecto de la propuesta original del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que buscaba directamente suprimir cualquier restricción invocando el artículo 20 de la Constitución Nacional.
El cambio de estrategia responde a un cálculo político: hasta el fin de semana previo a la sesión, el oficialismo estimaba reunir entre 34 y 35 votos propios, cuando necesitaba al menos 36 para blindar la aprobación. La negociación con los aliados, en especial con un sector de la UCR y con gobernadores provinciales, se volvió indispensable después de que el proyecto original generara fuertes críticas en la sociedad civil y hasta una amenaza de rechazo por parte de senadores hasta ahora considerados propios. “Los gobernadores van a definir la ley: no quieren pagar ese costo”, señalaron fuentes parlamentarias consultadas por la prensa.
La votación se dará además en un escenario político particular: como Javier Milei estará fuera del país el jueves, de viaje hacia Ecuador y Colombia, la conducción del Poder Ejecutivo quedará en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya se pronunció en contra del proyecto y acusó al Gobierno de querer “rifar” al país. Sin embargo, en caso de un empate en el recinto, el desempate no recaerá en ella: la sesión estará encabezada por el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, lo que despeja una de las principales incertidumbres políticas para el oficialismo.
La marcha atrás con el límite a la extranjerización no despejó, sin embargo, las críticas de fondo a la iniciativa. Organizaciones ambientales y sociales, entre ellas más de 25 ONG nucleadas en distintos reclamos territoriales, advirtieron que los cambios propuestos forman parte de lo que definieron como un “plan de remate” de recursos estratégicos del país. En la misma línea, el abogado ambientalista Enrique Viale calificó la reforma como una “profunda entrega de soberanía” y alertó sobre los riesgos de habilitar una compra más amplia de tierras por parte de capitales extranjeros, mientras otros sectores pusieron el foco en el impacto que la ley podría tener también sobre el mercado urbano de alquileres, más allá del debate rural que motivó originalmente el proyecto.